La sentencia condenatoria para una empresa por acoso a un trabajador con discapacidad intelectual, que fue defendido por nuestro despacho, sigue despertando interés y generando reacciones. En declaraciones a Europa Press, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ha valorado positivamente la esta resolución judicial, porque “ayudará a que esta problemática vea la luz y se denuncie”.
“Nos parece muy positiva la noticia porque se valora un caso en que la víctima tiene discapacidad. Antes no se denunciaba por falta de herramientas, porque la familia o el entorno más próximo pensaba que se podía meter en un lío o no se sentían acompañados”, ha indicado la presidenta de esta organización que trabaja por los derechos y participación de las personas con discapacidad intelectual.
Según Martorell, este colectivo es “mucho más vulnerable” ante cualquier situación de acoso respecto al resto, a veces porque no sabe comunicar lo que le ocurre o porque no es consciente de que es víctima ni tiene interiorizados sus derechos. “Sin el apoyo de terceros sin discapacidad intelectual, es muy difícil que los casos afloren y se denuncien”, ha apostillado.
Martorell defiende de que las personas con discapacidad cuenten con un seguimiento laboral, mediante la metodología ‘empleo con apoyo’, que tiene como objetivo acompañar al trabajador y adaptar el trabajo a sus circunstancias, pero también sensibilizar a los compañeros y buscar un referente en la empresa.
Este caso de acoso y malos tratos, a juicio de la presidenta de esta fundación, no puede desanimar a las empresas en la contratación de personas con discapacidad, pues la incorporación al mercado laboral de este colectivo abre nuevos frentes “que hay que abordar, generar legislación y trabajar”.
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