Publicado en Expansión, 03.09.2019.
Informaciones similares publicadas en El Economista, 03.09.2019; Law and Trends, 02.09.2019; Noticias Jurídicas, 03.09.2019; y Legal Today, 03.09.2019.
Corrupción deportiva
ARRANCA EL PRIMER MACROJUICIO EN ESPAÑA POR EL POSIBLE AMAÑO DEL LEVANTE-ZARAGOZA
Laura Sáiz. Madrid.
Un total de 42 acusados -36 de ellos futbolistas- se sentarán en el banquillo por el posible amaño del Levante-Zaragoza en la última jornada de la temporada 2010-11. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
Con los aficionados al fútbol pensando esta semana en los partidos de la selección española contra Rumanía e Islas Feroe, la actualidad del deporte rey, sin embargo, se verá teñida por el primer macrojuicio que se celebra en España para dilucidar el posible amaño del último partido de Liga de la temporada 2010/2011 que enfrentó al Levante contra el Zaragoza. Fue el equipo maño el que ganó por 1-2, con lo que el Deportivo de la Coruña bajó a Segunda.
Javier Alberti, socio director de AOL Consultores Legales y abogado defensor en el proceso, explica que, a nivel jurídico, se trata, además, de un proceso muy importante, ya que estamos ante la primera denuncia por parte de la Liga por la supuesta predeterminación del resultado de dicho partido. Concretamente se apoya en el artículo 286 bis del Código Penal que señala que pueden ser sujetos del delito de corrupción deportiva los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, así como los deportistas, árbitros o jueces. “Esto nos lleva a que no solamente habrá que demostrar la supuesta predeterminación del resultado del encuentro, sino si algún acusado realizó los actos típicos que configuran el delito, es decir, prometer, ofrecer, conceder, recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de ofrecimiento encaminado a esa predeterminación del resultado”, explica el experto.
La Fiscalía Especial Anticorrupción y las acusaciones particulares piensan que sí hubo amaño y defienden que el Zaragoza transfirió a algunos de sus jugadores alrededor de un millón de euros para que fueran ellos los que entregaran a los del Levante esa cantidad para dejarse ganar y asegurarse así el triunfo.
El delito de corrupción deportiva contempla penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel. Concretamente, la Fiscalía solicita dos años de cárcel para cada jugador y la inhabilitación especial para la práctica del fútbol profesional durante seis años (aunque algunos de ellos ya están retirados), aunque tampoco podrían entrenar. La Liga eleva la petición de pena al máximo legal y reclama, además, 2,9 millones de euros de multa para cada uno de los procesados.
LA HISTORIA DE LA POLÉMICA
Como ocurre en todas las últimas jornadas de Liga, los nervios fueron la tónica dominante a finales de mayo de 2011 en el Ciudad de Valencia, donde el equipo local ya había conseguido la salvación, pero su rival de esa tarde, el Zaragoza, se jugaba el descenso. Lo evitó al ganar por 1-2 en un partido muy emocionante y que su rival por evitar el descenso, el Deportivo de la Coruña, no ganase su encuentro.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, denunció el partido y la Fiscalía Especial contra la Corrupción inició unas, según Alberti, “controvertidas” diligencias de investigación, pues las mismas se dirigieron contra el grupo de jugadores que fueron convocados en ambas plantillas, así como contra el Real Zaragoza (como persona jurídica), su presidente Agapito Iglesias, dos consejeros, el director deportivo y su entrenador Javier Aguirre, dejando fuera del proceso al Levante, así como su directiva y entrenador.
Como explica el socio director de AOL Consultores Legales, el proceso se inició en el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, que, durante dos años, ha estado recabando diferentes diligencias a fin de instruir el procedimiento y determinar si existían indicios de la predeterminación del resultado que sostenían la Fiscalía y la Liga -como querellantes- y el Deportivo de la Coruña, que se personó posteriormente como parte interesada en el proceso y que se configuró como tercera acusación.
Tras esa instrucción exhaustiva, la Juez de Instrucción dictó un auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al entender que “no ha quedado sin embargo acreditado el destino dado a dicho dinero, y menos aún que se entregara a los jugadores del Levante para dejarse ganar en el partido con el Zaragoza”, afirmando además que para conformar su criterio fue importante la declaración del árbitro del encuentro, David Fernández Borbalán, “que no apreció, pues lo habrían hecho constar en las actas correspondientes, ninguna conducta pasiva o sospechosa de los jugadores, sino que, por el contrario, han declarado que fue un partido intenso”.
“La discusión jurídica tuvo prórroga y la Audiencia Provincial de Valencia estimó que todas esas dudas de la jueza de instrucción se habían de resolver en un juicio oral, y aquí estamos, a las puertas de estrenar precepto penal”, señala el abogado defensor.
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