El Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, cuyo titular es la magistrada Isabel Durántez, ha dictado auto por el que -una vez concluida una extensa instrucción de doce tomos- acuerda continuar procedimiento penal abreviado contra el prestamista Antonio Arroyo Arroyo y tres de sus intermediarios por presuntos delitos continuados de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y organización criminal.
En la causa el juzgado instructor acordó acumular diez denuncias y querellas presentadas por familias de distintos puntos de España en diversos momentos y nuestro despacho Alberche Abogados defiende actualmente los intereses de cuatro de esas familias afectadas, con la intervención como letrado de la acusación particular de Carlos Javier Galán.
La instrucción ha puesto de manifiesto como el prestamista y dos intermediarias habituales de la trama “se aprovecharon de la precaria situación de los denunciantes/querellantes y de su imposibilidad para obtener financiación por la vía bancaria ordinaria, dadas sus circunstancias económicas, ofreciéndoles en sus primeras conversaciones una supuesta solución a su acuciante situación económica a través de la concesión de un préstamo hipotecario por parte de un inversor privado –el sr. Arroyo Arroyo- con unas condiciones de amortización perfectamente asumibles por ellos, ocultándoles en sus conversaciones y tratos previos que, además de un contrato con intereses muy altos (el 8 % o 9 % y, en caso de intereses de demora, el 29 %) iban a firmar la aceptación de una o varias letras de cambio con un período de carencia muy breve –por lo general, seis meses, que en el caso de ser varias tenían como fechas de vencimiento días sucesivos- y cuyo pago se garantizaba con el inmueble que hipotecaban”.
Detalla el auto como es común a todas las operaciones que “hacían constar en las escrituras que entregaban a los prestatarios una cantidad económica superior a la realmente recibida”, lo que “empeoraba su situación económica ya de por sí dificultosa, e incidía necesariamente en el hecho de que les resultara absolutamente imposible afrontar la letra o letras que habían aceptado en los pocos meses que se establecía como fecha de vencimiento de las mismas”.
Dentro de la operativa de engaño, uno de los procesados se hizo pasar por director de una sucursal bancaria y utilizaban documentos falsos: “para persuadir a los denunciantes/querellantes de lo ventajoso de la operación y con el fin de revestir la misma de aparente fiabilidad, podrían haber presentado y entregado a éstos documentos falsos con los que aparentaban que apenas unos días después del contrato suscrito entre ellos obtendrían un préstamo hipotecario de la entidad bancaria Caja Duero que les permitiría afrontar la deuda a la que se habían comprometido de manera cómoda y factible para ellos (…). Incluso en algunos casos los investigados, para completar su maquinación, se apoyaron en la presencia en la notaría de otro colaborador que se hacía pasar por el verdadero director de la oficina de Caja Duero en Pozuelo de Alarcón que supuestamente iba a prestar el dinero a los denunciantes”.
Una vez firmado el préstamo trampa, los investigados dificultaban el contacto y la solución y, además, transmitían las letras cambiaras a terceros acreedores desconocidos para los deudores.
El auto sobresee la causa contra otros intermediarios diferentes, contra los notarios y contra los ejecutores de las letras de cambio, aspectos que serán recurridos por nuestro despacho en defensa de los intereses de sus clientes.
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