Nuestro despacho ha obtenido para uno de sus clientes una sentencia favorable frente a la Agencia Tributaria, que mantuvo indebidamente de alta a un profesional, según reconoce ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por error, el interesado no había cursado su baja en una determinada actividad económica en el plazo previsto para ello en la normativa. Pero, dado que esa situación tenía una repercusión económica negativa para él, solicitó extemporáneamente que se cursara la misma con su fecha de efectos. De conformidad con el artículo 10.2 del Real Decreto 243/1995, “cuando la fecha que se declare como cese en el ejercicio de la actividad sea de un ejercicio anterior al de la presentación de la declaración de baja y ésta se presente fuera del plazo establecido (…) dicha fecha de cese deberá ser probada por el declarante”. Así lo hizo el contribuyente, que aportó acreditaciones fehacientes de que en su día había cesado en la actividad en aquella fecha, tales como alta en otra actividad a tiempo completo, justificación documental de inexistencia de ingresos de la actividad, justificación documental de inexistencia de gastos específicos de la misma, informe firmado por su asesoría fiscal e informes firmados por los que habían venido siendo sus clientes.
Mediante resolución de 22 de enero de 2009, la Agencia Tributaria denegó la solicitud, por entender que no quedaba acreditado ese cese. Interpuesto recurso de reposición, lo desestimó con fecha 11 de agosto de 2009, manteniéndose en su postura inicial. Se formuló entonces la oportuna reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, que también resultó desestimada, mediante resolución de 27 de enero de 2012.
Nuestro despacho, a través del abogado Carlos Javier Galán, interpuso recurso contencioso-administrativo, que, con fecha 15 de abril de 2015, ha sido finalmente objeto de sentencia estimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda.
La resolución considera, en contra de lo que sostenía la administración, que “la valoración de la prueba obrante en las actuaciones conlleva afirmar que efectivamente el recurrente dejó de ejercer tales actividades en la fecha por él afirmada”.
La resolución judicial impone a la administración demandada las costas hasta un límite de 1.500 euros de honorarios de letrado, más los derechos del procurador.
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