Publicado en Lawyerpress.com, 27.03.2014
La crisis económica y la falta de crédito de las entidades bancarias ha ayudado a la proliferación de prestamistas profesionales, empresas privadas y personas físicas, de dudosa reputación. Los últimos datos señalan que el 20 % de esa financiación está en manos poco limpias. Así lo viene denunciando ADEVIF (Asociación Estafados Víctimas Financieras), entidad creada para aglutinar a aquellos afectados de los llamados chiringuitos privados y prestamistas privados. “Para ser prestamista profesional la ley señala que se debe uno dar de alta en un Registro y tener un seguro de responsabilidad civil. En la práctica advertimos que las cuestiones derivadas de responsabilidad civil no están desarrolladas con detalle,” explica Carlos Javier Galán, asesor jurídico de la entidad, recién llegado de su viaje a Zaragoza, donde miembros de la asociación y este letrado comparecieron ante los parlamentarios aragoneses. Desde su punto de vista, ha llegado ya el momento de que el Ministerio Fiscal tome cartas en el asunto y realice las investigaciones oportunas para frenar estas actividades delictivas. El próximo sábado en el ICAM tiene lugar una jornada para dar a conocer la situación actual del problema y reunir a los propios afectados de estas tramas organizadas.
EN PRIMERA PERSONA
“El fenómeno de las estafas hipotecarias es como una mancha de aceite. Hay medio centenar de denuncias de momento pero cada semana crece el número de afectados, a medida del eco que se van haciendo de este tema los medios informativos. En un sondeo que hicimos en el Registro de la Propiedad para ver las hipotecas constituidas por estas tramas, hemos visto que supera con creces el millar de familias afectadas. Y hemos calculado que el importe estafado de esos créditos rondaría en los treinta millones de euros. Muchos afectados que han perdido sus viviendas crearon ADEVIF. Su trabajo ha servido para que este tipo de situaciones no les pase a otros metidos en situaciones similares. Gracias al trabajo de la asociación y de su equipo jurídico se han paralizado muchas ejecuciones hipotecarias. ADEVIF realiza de forma periódica y territorialmente reuniones entre los afectados. También tienen un chat via whatsapp gracias al cual comparten testimonios e información que van recabando. Esta entidad nace en Aragón pero pronto se plantea su carácter nacional. Se organiza a través de delegaciones ubicadas en Madrid, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana y afectados asociados en otras comunidades autónomas. La asociación también realiza una labor de difusión a través de los medios de comunicación para dar a conocer el problema de cara a evitar nuevas víctimas. Al mismo tiempo es muy importante que los afectados estén en contacto unos con otros. La jornada de este sábado en el ICAM pretende por un lado difundir el problema y que se conozca más en profundidad. A la vez es bueno que los afectados, que los hay en toda España, puedan intercambiar opiniones. Que escuchen los casos similares a los suyos y vean que no están solos.”
– Sr. Galán, ¿cómo se ha llegado a esta situación tan dramática para algunas familias que suscriben supuestos préstamos hipotecarios?
Esta crisis ha generado que se cortara el grifo del crédito bancario y que muchas familias acudieran a la vía de los prestamistas privados, tanto empresas como a nivel individual. Éste es un terreno mal regulado y con escasos controles, donde las irregularidades se han multiplicado. Hay algunas de tipo civil o administrativo que han denunciado las organizaciones de los consumidores.
En un contexto un poco más avanzado, está ADEVIF, como asociación de afectados por estafas hipotecarias, delitos claros, cuyos perjudicados son personas muy vulnerables, que acaban realizando disposiciones patrimoniales en perjuicio propio.
– Falta dinero de los bancos y los prestamistas ya suponen el 20 por cien del total del crédito en este país…
Es cierto. Además, la regulación que debería controlar a estos profesionales es muy escasa y con alto nivel de incumplimiento. Todos sabemos que el Banco de España controla las entidades bancarias y la CNMV algunas entidades de inversión, pero este tipo de chiringuitos financieros y prestamistas privados están en el ámbito de consumo, deberían ser controlados por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos similares en las Comunidades autónomas. Creemos que, por la complejidad de estas operaciones. Consumo no es la via efectiva para afrontar este tipo de asuntos. Pese a ello, se aprobó la ley 2/2009, que al final es muy escasa y se ha ido incumpliendo sistemáticamente.
– ¿Cómo se monta un chiringuito de estas características?
Para ser prestamista profesional, la ley señala que se debe uno dar de alta en un Registro y tener un seguro de responsabilidad civil. En la práctica, advertimos que las cuestiones derivadas de responsabilidad civil no están desarrolladas con detalle. Y por otro, el Registro Estatal que creaba esta ley, existe pero no es útil porque no se puede consultar por los interesados siquiera.
¿Por qué no funciona?
Al final te das cuenta de que es por falta de voluntad política. por encima de la posible carencia de medios para ponerlo en marcha.
De todas formas, hay que dejar claro que el Registro por sí solo no es una solución. Tendría que utilizarse para lograr mayor transparencia y mejor control a este sector donde los prestamistas campan a sus anchas. De hecho, y es un dato anecdótico que le doy, el inscrito en primer lugar en este Registro es precisamente, una persona que se encuentra imputada por varias estafas hipotecarias a dia de hoy.
– También es verdad que vemos publicidad engañosa en diarios e Internet, ¿No sería bueno estar más encima de estos anuncios?
La propia Ley 2/2009 establece unos requisitos sobre la publicidad de estas prácticas, al igual que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que requiere ciertas obligaciones. Por desgracia, todo es papel mojado y estos requisitos de incumplen una y otra vez por casi todas las webs que anuncian dinero fácil. En muchos casos, no sabemos qué persona física o jurídica está detrás de las mismas, pese a que es obligatorio. Tampoco informan sobre sus actividades, comisiones o servicios.
Cuando hacemos alguna denuncia sobre este tipo de prácticas, estas webs desaparecen durante un tiempo. Son más rápidos en hacer desaparecer la información que los organismos públicos en dar respuesta y atajar estas prácticas.
– Hablaba de voluntad política ¿Ha sido productiva la comparecencia suya y de ADEVIF en las Cortes de Aragón?
Creo que la reunión con los parlamentarios aragoneses ha sido interesante. Se nos escuchó con interés. Luego, los propios grupos parlamentarios realizaron valoraciones y preguntas sobre este tema.
Aun así, la valoración definitiva tendremos que verla transcurrido un tiempo y si realmente se ha tomado nota de lo que les comentamos con la puesta en marcha de algunas medidas concretas
– ¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir?
Nosotros les pedimos tres cosas muy claras: la primera, que aprovechen las competencias autonómicas que tienen para hacer un desarrollo a nivel regional de esa ley 2/2009. De ahí podría salir un Registro Autonómico de Prestamistas que funcionase de forma correcta.
También les requerimos que las autoridades de consumo aragonesas realicen controles e inspecciones de oficio sobre este tipo de empresas.
Y, finalmente, les hemos pedido a todos los grupos que están en esa cámara y que a su vez tienen representación nacional, PP, PSOE, IU y CHA, que nos faciliten la interlocución con sus diputados y senadores, de la cámara que tiene más competencias en la materia, que son las Cortes Generales.
– ¿Están pensando en plantear que se cree una Comisión Parlamentaria de investigación sobre estos temas?
La verdad es que es un objetivo muy a tener en cuenta. En la actividad de ADEVIF hay dos ejes importantes. El primero de buscar justicia y que se acabe con la impunidad de estos prestamistas sin escrúpulos. Y el otro es preventivo.
En lo primero, creo que los organismos judiciales serían los que deberían actuar. Al mismo tiempo, caben posibilidades de actuación política y administrativa como ésta que usted comenta de una Comisión de Investigación en el Parlamento.
Respecto a la labor de prevención, ahí creemos que hay más posibilidad de actuación por parte de los órganos políticos. convertida en el desarrollo de leyes útiles y que además se vele por su cumplimiento estricto.
– Si le parece vamos a ir analizando ambos aspectos, ¿Porqué no hay una respuesta contundente a nivel judicial de estos asuntos claramente delictivos?
A la hora de contestar esta pregunta, tenemos que analizar varios motivos. El primero, hay que darse cuenta de que la dificultad probatoria es alta. Nos encontramos ante tramas muy bien organizadas, difíciles de detectar.
Al mismo tiempo, considero que hay un elevado desconocimiento de esta materia. Cuando se presentan denuncias de este tipo, sorprenden realmente. No se entiende cómo una persona ha firmado unas condiciones diferentes en ese préstamo de las que se habían convenido.
Además, el Ministerio Fiscal, que sería clave a la hora de impulsar este tipo de investigaciones, hoy por hoy, salvo honrosas excepciones, no está a la altura de las circunstancias. No sabemos si es por falta de medios o de interés. Pero esperábamos más de él.
– ¿Sería necesario que interviniera la Fiscalía Anticorrupción?
Es posible que tuviera que intervenir. Estamos intentando que estos asuntos se orienten hacia las fiscalías especializadas.
Así lo hemos querido hacer con la Fiscalia de la Audiencia Nacional. Ahora está pidiendo información a los juzgados que llevan estos asuntos, lo que revela que se ha tomado un cierto interés.
Pero, por el delito del que estamos hablando, no descartamos acudir a la Fiscalia Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada.
– ¿Cuál es el perfil de la persona que cae en las redes de estas tramas organizadas?
Hablamos de personas con acuciantes necesidades económicas que tienen dificultades al crédito bancario, bien por sus circunstancias personales o por estar inscritos en algún registro de morosos. Suelen tener una propiedad inmobiliaria libre de cargas o con cargas muy pequeñas.
No necesariamente es gente de bajo nivel cultural. En esta estafa han caído personas con experiencia empresarial, con trabajos en la administración pública, etc. Podria caer cualquier persona por cómo están diseñadas.
– De cara a quién lea esta entrevista, Sr Galán ¿cómo estar alerta ante este tipo de situaciones?
Hay que sospechar cuando mantienen una reunión contigo y no analizan tu capacidad de pago real. Se centran únicamente en el valor de tu inmueble. Da la sensación de que no buscan tanto que pagues el préstamo como quedarse con tu vivienda a un precio irrisorio.
También se debe desconfiar cuando te dicen que ya tienes el préstamo y te piden que firmes de forma inminente en la notaria. No te dan margen para que te asesores y examines la propia escritura, que deberías tener tres días antes a tu disposición. Y tampoco te entregan una oferta vinculante, que deberías tener antes.
Este tipo de prisas, aprovechando tus ganas de resolver el problema, son muy revelatorias de que algo no es legal. Debería ponernos en alerta, sin lugar a dudas.
Otra situación para sospechar es en la propia notaria. Te pueden decir que no hagas preguntas al notario y le hagas caso en todo. Eso es sospechoso. El notario también está para asesorar dentro de la legalidad. Y hay que preguntarle.
– ¿Puede haber notarios implicados en esta trama?
Podría haber alguno implicado. Hoy por hoy de lo único que tenemos constancia es de que existen tres o cuatro notarios concretos que, sabiendo que existen multitud de denuncias sobre operaciones firmadas en sus notarias -algunos de ellos tuvieron que ir a declarar por ese motivo-, no adoptaron en lo sucesivo ninguna cautela adicional cuando volvieron a firmar operaciones con estas mismas personas.
De todas formas, es fundamental hacer pedagogía entre los afectados y no generalizar nunca en la acusación. La inmensa mayoría de los notarios cumplen una función magnífica y su credibilidad está fuera de toda duda.
– Una vez firmamos este préstamo ficticio, ¿qué pasa realmente?
Normalmente el prestatario espera una refinanciación a largo plazo que le han prometido. O que le entreguen la segunda parte de la cantidad que le prometieron a su vez. O incluso empezar a recibir el cargo de cuotas mensuales. Pero eso no se produce en ningún momento.
La triste realidad es que, seis meses después de haber firmado la operación, habrá vencido la totalidad del préstamo, un capital superior al que realmente le entregaron, con el riesgo inminente de la pérdida de su vivienda, si no se mueve con rapidez y se asesora.
– ¿Cómo se debe contraatacar este tipo de situaciones?
En muchos casos logramos frenar la ejecución hipotecaria. Lo que se debe hacer es consultar a un abogado que le asesore sobre este tema, a la vez que denuncia la estafa de la que ha sido víctima.
Con esa denuncia que uno pone, puede lograr que se haga una anotación preventiva de la querella o denuncia en el Registro de la Propiedad para evitar la transmisión de ese crédito a terceros, que a veces se hace, y la ejecución hipotecaria
En vía civil, se pueden impugnar algunas de las condiciones de estos préstamos, porque realmente son cláusulas abusivas: intereses de demora, tasaciones impuestas por la parte que son muy bajas…, entre otras. Son dos vías paralelas: cuando se producido un delito también hay que denunciar la estafa lo antes posible.
– ¿Dónde está la solución a esta pesadilla para muchas familias?
Para los realmente ya afectados, necesitamos que el Ministerio Fiscal tome cartas en el asunto e impulse las investigaciones judiciales pertinentes. No se debe tratar este asunto como un problema individual de cada uno. Estamos ante tramas organizadas que requieren investigaciones globales.
De cara a evitar nuevas víctimas, la clave está en hacer mejoras en la ley y sobre todo en que se trabaje para su cumplimiento estricto. Para ello hay que realizar controles efectivos. Mas implicación de los organismos administrativos y la propia cautela que ha pedido el Consejo del Notariado pueden evitar más estafados.
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