TOLERANCIA CERO CONTRA LAS ESTAFAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
ADEVIF interviene en las Cortes de Aragón y reclama medidas para poner freno a los prestamistas sin escrúpulos
Luz y taquígrafos y más control a los prestamistas privados que ahora campan a sus anchas es el mensaje que recibieron en la mañana de ayer los diputados de las Cortes de Aragón por parte de ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), en la comparecencia del presidente de esta entidad Rafael Pozo, su abogado, Carlos Galán y uno de los numerosos afectados en nuestro país como es Belén Martínez.
La crisis económica ha generado esta forma de financiación bastante extraña y abusiva por la que muchos particulares han visto embargados casi todos sus bienes. Los afectados aseguran que en muchas ocasiones este tipo de estafas esconden otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Esta comparecencia surgen días antes que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictara un auto inhibiéndose a favor de las actuaciones de la Audiencia Nacional. El próximo sábado en el Colegio de Abogados de Madrid tendrá lugar una jornada para analizar más a fondo la problemática de las estafas hipotecarias.
Más de un millar de familias afectadas y un centenar de asociados, cantidad que se incrementa de forma continuada en esta España en crisis, configuran ADEVIF, asociación de carácter nacional con afectados por prestamistas sin escrúpulos. Su abogado, Carlos Galán, letrado de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), propuso este martes crear un Registro autonómico de prestamistas privados para evitar las estafas: “ De momento el registro estatal no funciona y hay que ver la manera de controlar este tipo de actividad muchas veces fraudulenta”. Desde su punto de vista ese Registro tiene sentido si sirve para ejercer mayor control y transparencia a estas prácticas. Galán indicó que en los últimos años “han proliferado” empresas financieras e intermediarias, así como prestamistas de capital privado, implantándose un procedimiento de concesión de créditos que “en otros países funciona bien”, pero en España “está poco regulado” e impera “un poco la ley de la selva”. Ha apuntado que estas prácticas se normativizaron en España por primera vez en 2009.
En el caso del Gobierno de Aragón, que tienen competencias en consumo, fue el propio Galán quien les comentó la posibilidad que pudieran actuar de oficio y hacer inspecciones a esas empresas que dan esos créditos con condiciones muy leoninas.
ADEVIF está defendiendo a estas personas estafadas, subrayó Galán, quien ha dejado claro que algunos casos entran dentro del ámbito de lo penal, ya que en algunas ocasiones “se induce” a algunas personas a “hacer una disposición patrimonial a base de engaños”. En otros casos se firman préstamos por una cantidad muy superior a la que se recibe.
También este letrado sugirió a los diferentes grupos parlamentarios reunidos en esta comparecencia, que, salvo el PAR Aragones, tiene representación en Madrid, su colaboración para que este colectivo de afectados pudiera tener otra reunión de estas características con el propio Congreso de los Diputados, al ser el problema de extrema gravedad y tener afectados en toda España.
Por su parte, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, lamentó que “nuestras denuncias se pierden” en los juzgados, criticando la “negativa total a investigar”, el archivo de denuncias. Agregó que “no sabemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción” y ha criticado que la justicia sea lenta para aplicar el Derecho “pero muy rápida para embargar”.
Afirmó que algunos jueces “dan por buenos” los documentos que presentan determinados notarios sin comprobar si están manipulados o falsificados “y nos exigen el oro y el moro para demostrar nuestra inocencia”. También destacó el “pasotismo total” de Hacienda, añadiendo que algunas estafas sirven para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.
En su turno de palabra, la afectada Belén Martínez aseguró que este es “un tema de Derechos Humanos”, añadiendo que los perjudicados “somos los más vulnerables”. Habló de la doble victimización, es decir sufres la estafa y luego la persona se encuentra desamparada sin saber dónde reclamar tus derechos. Y apuntó con amargura que los prestamistas “están campando a sus anchas en los juzgados y no pasa nada”.
ACTUACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En otro orden de cosas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid dictaba hace unos dias un auto, notificado el 14 de marzo a las partes, en el que acuerda inhibirse de las denuncias presentadas por distintos afectados contra el controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo a favor de la Audiencia Nacional, por entender que es este órgano el competente, por el alcance de la trama y el elevado volumen de afectados.
La magistrada Isabel Durántez había acumulado en unas mismas Diligencias Previas todas las acciones que habían sido turnadas a su juzgado contra Arroyo y sus colaboradores, un total de ocho denuncias de un total de once víctimas.
Ahora, a la vista de la grabación del programa de Equipo de Investigación de La Sexta Préstamos envenados, aportado al Juzgado por los abogados Benito Polo y Carlos Javier Galán, así como de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la AN por ADEVIF, ha entendido que procedía la inhibición a favor de este órgano judicial, al objeto de que se abra, como pedía esta asociación, una investigación global sobre esta red delictiva.
El auto sostiene que “existen indicios de que los hechos denunciados por numerosísimos afectados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada cometido por Antonio Arroyo y sus colaboradores”. Por ello, “teniendo en cuenta la información suministrada recientemente por los letrados Benito Polo Sánchez y Carlos Javier Galán Gutiérrez, el contenido de la grabación por ellos presentada y la copia de la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte de la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF), resulta procedente acordar la inhibición a favor de la Audiencia Nacional”.
La juez subraya “la necesidad de investigación y enjuiciamiento conjunto de todas las diversas denuncias presentadas contra Antonio Arroyo Arroyo y las personas que con él colaboraban. En este caso, además de concurrir la conexibilidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta absolutamente conveniente para la propia valoración de los hechos tal acumulación, puesto que no es lo mismo la conclusión a la que puede llegarse analizando cada una de las operaciones llevadas a cabo por el sr. Arroyo Arroyo de manera aislada que la conclusión a la que se puede llegar desde una perspectiva global de su actuar reiterado, repetido en el tiempo y cometido siempre de manera similar”.
Por los motivos expuestos, el auto acuerda la inhibición de las actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional precisamente “para su acumulación al procedimiento que se haya iniciado en base a la denuncia presentada por la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF)”.
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