Publicado en el blog de noticias de ADEVIF, 05.04.14
ADEVIF DENUNCIÓ ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN LAS ESTAFAS DE PRESTAMISTASEl pasado 25 de marzo, una delegación de nuestra asociación ADEVIF, que agrupa a los afectados por estafas cometidas por chiringuitos financieros y prestamistas de capital privado, compareció ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para exponer a los diputados autonómicos la realidad de estas tramas delictivas y la necesidad de mejorar la respuesta legal frente a las mismas.
Eran las diez y media de la mañana cuando la presidenta de la Comisión, Ana Marín, daba la palabra a los comparecientes y, por vez primera, afectados por estafas hipotecarias intervenían ante un parlamento.
RAFAEL POZO: “LA JUSTICIA ES LENTA PARA RESOLVER, PERO RÁPIDA PARA EMBARGAR”
El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó cómo se inicia el problema, cuando se incluye a una persona en registros de morosidad y tiene que recurrir a los prestamistas de capital privado para salir de esos registros, normalmente solicitando cantidades pequeñas. La firma del préstamo suele ser con garantía hipotecaria y ante notario. Cuando finalmente el interesado recoge la escritura -que normalmente al principio se niegan a entregarle- es cuando comprobará que aparece una cifra muy superior a la recibida, con unos intereses de demora muy elevados y unas condiciones que no tienen nada que ver con las pactadas.
El máximo responsable de la asociación explicó que las denuncias judiciales no son atendidas ni investigadas en muchos casos y criticó en este sentido la pasividad de la fiscalía. Sin embargo, nuestra Justicia, “que es lenta para resolver, es muy rápida para embargar, una contradicción que vemos los ciudadanos de la calle”.
Denunció también la inacción de la Hacienda Pública “ante unas operaciones que sirven para blanqueo de dinero y evasión de impuestos”.
Por eso nació ADEVIF como asociación, para unir a los afectados y poder denunciar públicamente.
BELÉN MARTÍNEZ: “NO ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA ECONÓMICO, SINO DE DERECHOS HUMANOS”
Le siguió en el uso de la palabra Belén Martínez, de la Junta Directiva de la asociación, quien consideró que no estamos ante una cuestión económica, sino de derechos humanos. Recordó que estas tramas ejecutan las supuestas deudas “ejerciendo sus derechos, pero nadie se ocupa de comprobar si cumplen sus deberes, a pesar de estar denunciadas por nosotros”. Unas denuncias que ponen el acento especialmente en un supuesto capital que no se entrega íntegramente.
Se quejó de que la falta de respuesta legal y judicial implica una “doble victimización de los más vulnerables”.
Recordó que “se han subastado viviendas por el valor de un vehículo” por parte de unas redes que “campan a sus anchas en los juzgados”.
La reflexión de esta afectada es que, “con lo que nos ha costado tener un Estado de Derecho, no podemos dejar las cosas así, simplemente porque ‘a mí no me ha tocado'”, puesto que entonces abandonamos a su suerte a “la población más vulnerable”.
Reclamó un mayor compromiso político: “Aquí hay unas instituciones, sois nuestros representantes, supranacionalmente también hay organismos que velan por los derechos fundamentales… Recoged nuestra queja, por favor”.
CARLOS JAVIER GALÁN: “ESTÁN OPERANDO REDES DELICTIVAS CON GRAN IMPUNIDAD”
Cerró esta exposición inicial del problema el asesor jurídico de ADEVIF, Carlos Javier Galán, que detalló los orígenes de esta situación: “Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del crédito bancario, especialmente para pymes y particulares, han proliferado empresas financieras y prestamistas de capital privado. Esto -que en otros países funciona bien y es una alternativa para aquellas personas que por algún motivo no pueden tener acceso al crédito bancario- en España se mueve en medio de la ley de la selva”. Recordó que en 2009 se regularon por vez primera estas prácticas, pero con un texto legal claramente insuficiente y, aún hoy, con un alto grado de incumplimiento, que “se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que ofrecen dinero”. En el mismo sentido señaló que el registro estatal creado por la ley sigue cinco años después sin poder ser consultado y con un mensaje de que está en fase de desarollo.
“Mientras los bancos están sometidos al Banco de España y algunas empresas de inversión a la CNMV, el sector del crédito no bancario está sometido a los organismos de consumo, que realmente no están ejerciendo un control de oficio”, afirmó.
Más allá de los abusos e incumplimientos que están denunciando las organizaciones de consumidores, existe otro fenómeno aún más grave, que constituye el objeto de ADEVIF: aquellos casos que entran en el ámbito de lo penal, “en los que se produce literalmente un delito de estafa”. Entre ellos, destacó las ventas de viviendas en la creencia de que se están aportando como garantía de un préstamo, o las hipotecas cambiarias en las que se firma de capital muy superior al realmente recibido. El asesor jurídico de nuestra asociación señaló que, aunque pueda parecer un engaño burdo, relamente estamos ante una operativa minuciosamente diseñada en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Así lo pone de manifiesto el testimonio coincidente de centenares de personas.
Gracias a la labor asociativa y a las redes sociales, este fenómeno “tan desconocido pero de gran alcance y en el que han operado redes delictivas con gran impunidad” va superando poco a poco la invisibilidad y ha tenido relevancia mediática, ha merecido atención del Consejo General del Notariado y parece que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para Galán, el reto ahora es implicar al Ministerio Fiscal, que tendría que impulsar las investigaciones judiciales, así como a la Agencia Tributaria “porque no sólo estafan a las víctimas, nos estafan a todos en estas operaciones opacas”.
Dijo ser consciente de la limitación de las competencias autonómicas en la materia, pero realizó tres peticiones a los diputados aragoneses:
– Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2009 en el ámbito autonómico y, en particular, la posibilidad de creación de un registro de prestamistas en Aragón, pero “que sirva para algo, no sea sólo más burocracia”, que se haga “para lograr mayor transparencia y ejercer mayor control”.
– Conseguir que el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en materia de consumo realizando operaciones de oficio sobre estas tramas con apariencia legal.
– Y favorecer la interlocución con los representantes de sus mismos partidos en Madrid, para que se nos escuche también en las Cortes Generales.
El objetivo final ha de ser “la reparación de las víctimas” pero también “la prevención de nuevos dramas familiares”.
IU: “UNA REALIDAD QUE LA SOCIEDAD DESCONOCE”
Seguidamente tuvo lugar un turno de intervenciones de los distintos grupos con representación en la cámara.
En primer lugar, Luis Ángel Romero, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, aseguró que “cuando uno cree que lo ha visto todo, nos encontramos con cosas como las que se han relatado”. Reconoció que la primera vez que escuchó hablar de estos hechos lo recibió con cierta incredulidad, pero que “cuando entras a conocer en profundidad la actuación de ciertos prestamistas y ciertas operaciones, te das cuenta de que existe una realidad que la sociedad desconoce”. “Estamos hablando de personas que recurren a estas fórmulas para financiarse y se encuentran con un modus operandi inaceptable”.
Para el parlamentario de IU-Aragón, “hay leyes aprobadas que no se cumplen y es increible que, ante esta situación, no actúe de oficio el Ministerio Fiscal”.
Valoró positivamente la comparecencia de personas que “han venido aquí para decirnos que se sienten engañadas, que no son los únicos sino que en Aragón y en otras comunidades autónomas hay muchas familias en la misma situación, y que han creado una asociación para sensibilizar a la sociedad de este problema y conseguir que los poderes públicos y la Justicia actúen”.
Anunció por ello la presentación de una Proposición no de Ley para pedir que se atiendan las reinvidicaciones formuladas por ADEVIF.
CHA: “NOS HABÉIS MOSTRADO LAS CLOACAS DEL SISTEMA PSEUDOFINANCIERO”
José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, agradeció a los comparecientes mostrar “las cloacas del sistema pseudofinanciero, que campan a sus anchas y se ceban con los más desfavorecidos”. Expresó su deseo de que la exposición en las Cortes aragonesas de este problema poco conocido “no sólo sirva para remover la conciencia de los diputados sino como altavoz para que la sociedad lo conozca”.
Calificó de “indecente” la actuación “de un culpable, el prestamista”, pero también rechazó la conducta “de muchos cómplices, como algunos notarios”, así como la “inacción del Ministerio Fiscal y de la Justicia”.
Recordó la pregunta parlamentaria que formuló en el Congreso su compañero Chesus Yuste y la respuesta del ejecutivo.
El diputado de CHA considera que la ley de 2009 situó en notarios y registradores el control de la legalidad sin habilitar instrumentos para ello y cree que “no funciona”, con independencia de que “lo que ocurre en algunas notarías no es casual”.
Manifestó su compromiso con una causa “que también es la nuestra” y anunció igualmente su voluntad de impulsar las medidas posibles: “Que lo poco que hay al menos se cumpla”.
PAR: “HAY QUE SITUARLO EN EL ÁMBITO PENAL”
Manuel Blasco, del PAR, consideró que a pesar de las referencias a las leyes y a la necesidad de control, “estamos hablando de tramas financieras ilegales” que buscan las fórmulas para conseguir un “incumplimiento flagrante de la ley” y que lamentablemente “van un paso por delante” de ésta. Cree por ello que es un fenómeno que trasciende el ámbito político y que hay que situar sobre todo en la esfera penal.
Mostró su extrañeza ante lo manifestado por ADEVIF respecto a la actuación de concretos notarios y a la falta de respuesta del Ministerio Fiscal.
Se pronunció a favor de impulsar las medidas necesarias en el marco de las competencias autonómicas, aunque cree que la respuesta principalmente tendrá que venir de la Justicia.
PSOE: “HAY QUE PERSEGUIR A QUIENES, CON APARIENCIA LEGAL Y ESTRATEGIAS MUY PENSADAS, BURLAN LOS CONTROLES”
Por el Grupo Socialista intervino Victoria Broto, quien agradeció a los comparecientes “traer a esta cámara el drama que sufren muchos ciudadanos”, pues cree que la Comisión precisamente sirve “para que no queden en el olvido muchos problemas”. Expresó su felicitación por la creación de una asociación de afectados y por la labor de difusión en los medios informativos, así como por las próximas Jornadas programadas en Madrid.
Coincidió en que “la crisis y la falta de trabajo hace que las familias busquen soluciones a sus problemas económicos y se encuentren con unos desalmados que forman tramas financieras ilegales”.
“Aquí hemos hablado de hipotecas, de desahucios, etc., pero ahora estamos ante un paso más -precisó-, no nos confundamos, estamos ante un engaño delictivo”. Por ello, “hay que hacer cumplir la ley y perseguir a aquellas empresas que, con apariencia legal y con estrategias muy pensadas, burlan los mecanismos de control”.
Anunció también su voluntad de promover una proposición no de ley en el sentido solicitado por ADEVIF y expresó su deseo de que sea aprobada por unanimidad en la cámara.
PP: “DESCONCIERTO” ANTE UNAS TRAMAS QUE “VAN MÁS ALLÁ” DE LAS RECIENTES REFORMAS LEGALES
Finalmente, Ramón Celma, del Grupo Popular, se reconoció “desconcertado” porque inicialmente pensaba que la reforma en materia de protección a los deudores hipotecarios podría dar respuesta a estas situaciones, pero se había encontrado con la descripción de una realidad que va mucho más allá.
Supuso que estaríamos “ante situaciones excepcionales” y pidió a los comparecientes algunas aclaraciones sobre la operativa de estas redes.
Finalmente mostró su disposición a colaborar en dar respuesta a las peticiones formuladas por los afectados y consideró positivo que se mantenga alguna entrevista con el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón.
ADEVIF: “QUE NO TERMINE HOY ESTE DIÁLOGO, SINO QUE EMPIECE”
En la contestación a los portavoces parlamentarios, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó que a veces los datos a los prestamistas privados les llegan por parte de empleados de los propios bancos. Y aseguró que hay abogados vinculados a los partidos políticos defendiendo a algunos de estos estafadores, por lo que pidió a los grupos que lo eviten.
Belén Martínez contestó al portavoz del PP aclarando que no son casos excepcionales, sino muy numerosos. Precisó que en las notarías no se da fe de la cantidad recibida. Y que ADEVIF ha formulado denuncias “con nombres y apellidos”. Agradeció la acogida de la cámara: “Nos hemos sentido muy arropados” y recordó que los mecanismos legales, para funcionar, “tienen que estar activos y en alerta”.
Cerró la comparecencia el abogado Carlos Javier Galán, quien explicó al diputado del PAR que a veces los controles administrativos también dificultan la comisión del delito.
Precisó que el objetivo último de estas tramas siempre es apoderarse de un inmueble con un desembolso real irrisorio. Y que los tres ejes del modus operandi son un capital declarado superior al realmente recibido, unos intereses de demora abusivos en torno al 29 %, y una valoración muy baja del inmueble sin tasación profesional.
Pidió que “si es verdad que los delincuentes van un paso por delante de la ley, al menos no seamos nosotros quienes nos quedemos diez pasos por detrás en la respuesta legal” y manifestó su deseo de que “no termine ahora este diálogo enriquecedor, sion que haya empezado hoy”.
(Fotografías: Cortes de Aragón)
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