Comunicado de Europa Press, 25.03.14.
ADEVIF PROPONE CREAR UN REGISTRO AUTONÓMICO DE PRESTAMISTAS PRIVADOS PARA EVITAR LAS ESTAFAS
Zaragoza. Europa Press
El abogado Carlos Galán, letrado de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), ha propuesto este martes crear un Registro autonómico de prestamistas privados para evitar las estafas, de las que ha dado cuenta, junto con dos miembros de la entidad, a la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón.
Galán ha expuesto que en los últimos años “han proliferado” empresas financieras e intermediarias, así como prestamistas de capital privado, implantándose un procedimiento de concesión de créditos que “en otros países funciona bien”, pero en España “está poco regulado” e impera “un poco la ley de la selva”. Ha apuntado que estas prácticas se normativizaron en España por primera vez en 2009.
Hace cinco años se dispuso en aquella ley la creación de un Registro estatal, pero hasta hace tres no se firmó el Real Decreto de creación y “lo cierto es que si hoy fuéramos a consultar el Registro, un mensaje dice que no está aún operativo”.Así, en numerosas ocasiones ha habido “abusos” en materia de intereses o en la inclusión en los contratos de concesión de los créditos de seguros no contratados.
ADEVIF está defendiendo a las personas estafadas, ha continuado Galán, quien ha dejado claro que algunos casos entran dentro del ámbito de lo penal, ya que en algunas ocasiones “se induce” a algunas personas a “hacer una disposición patrimonial a base de engaños”. En otros casos se firman préstamos por una cantidad muy superior a la que se recibe.
El presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, ha lamentado que “nuestras denuncias se pierden” en los juzgados, criticando la “negativa total a investigar”, el archivo de denuncias. Ha agregado que “no sabemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción” y ha criticado que la Justicia sea lenta para aplicar el Derecho “pero muy rápida para embargar”.
Ha afirmado que algunos jueces “dan por buenos” los documentos que presentan determinados notarios sin comprobar si están manipulados o falsificados “y nos exigen el otro y el moro para demostrar nuestra inocencia”. También ha destacado el “pasotismo total” de Hacienda, añadiendo que algunas estafas sirven para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.
La afectada Belén Martínez ha aseverado que éste es “un tema de derechos humanos”, agregando que los perjudicados “somos los más vulnerables”. Ha dicho que algunas viviendas se han subastado por el valor de un vehículo y que los prestamistas “están campando a sus anchas en los juzgados y no pasa nada”.
GRUPOS
En representación del PP, Ramón Celma se ha mostrado “desconcertado con este tema”, señalando que los casos expuestos por los comparecientes se enmarcan en “una trama ilegal”, aunque ha añadido que en relación con las entidades bancarias y los notarios “no se puede generalizar”. El diputado popular ha trasladado “todo el apoyo y si es necesario continuar hablando para ver cómo ayudar”.
La portavoz socialista en esta Comisión, María Victoria Broto, ha lamentado que “desalmados protagonistas de una trama financiera ilegal hayan generado este drama”. “Se engaña a los más vulnerables y los órganos judiciales no se responsabilizan de esta situación”, ha manifestado esta diputada. Para la parlamentaria del PSOE, “tenemos que ser conscientes de la importancia de los mecanismos de protección”.
Desde el PAR, Manuel Blasco ha manifestado que “estam os hablando de una trama financiera ilegal”. “Es una actuación que trasciende el ámbito político por ser un incumplimiento flagrante de las leyes”, ha comentado, calificandoe este tema como “burla de la ley realmente sorprendente”. En este mismo sentido, se ha mostrado “un poco perplejo en la actuación de notarios y de la Fiscalía”.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha agradecido a los comparecientes “la posibilidad de conocer las cloacas del sistema pseudofinanciero”. “Acabamos de ver lo peor de una sociedad injusta que se ceba con los más vulnerables, con cómplices en bancos y cajas, notarías y Fiscalía”, ha manifestado este diputado. Para él, se trata de “una estafa legal que surge de la propia Ley”, a la que ha calificado como “papel mojado y falta de voluntad política”.
Para Luis Ángel Romero (IU), “cuando te acercas a un tema así ves que la usura sigue campando en nuestro país”. “Y, mientras, los poderes públicos están más preocupados por echar una mano a los que la llevan a cabo”, ha añadido este diputado. El portavoz de IU en materia financiera ha reclamado que “haya mayores controles, las leyes aprobadas se cumplan y se actúe de oficio por parte del Ministerio Fiscal”.
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