“Mayor implicación” del Ministerio Fiscal y de la Agencia Tributaria con un objetivo principal: acabar con la “impunidad de las empresas financieras no bancarias y los prestamistas privados” que está generando “auténticos dramas familiares”. Es la principal petición que la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF) ha traslado esta mañana a los diputados de la Comisión de Comparecencias.
Un requerimiento relacionado con lo que, en opinión de Carlos Javier Galán, es “un fenómeno desconocido de gran alcance en el que operan con impunidad redes delictivas que nos roban a todos”. “No se trata solo de las víctimas, sino que con dinero negro y opaco estafan también a la Hacienda pública”, ha añadido. Galán también ha expresado, durante el debate de esta mañana protagonizado por el sector privado del préstamo no bancario, que “la escasez en el cumplimiento de la norma de 2009 y la poca efectividad del texto ha agrandado el problema”.
Este letrado ha sido uno de los representantes de ADEVIF que ha pasado por la sede parlamentaria. Galán ha estado acompañado del presidente de la plataforma, Rafael Pozo, y por una de las afectadas de este tipo de préstamos hipotecarios, Belén Martínez, que como víctima, ha calificado como “cuestión de derechos humanos” la resolución de este problema. “Más si cabe porque hablamos de negligencias interesadas de mediadores bancarios, de cajas de ahorro, de un atentado contra el sistema financiero y legal”, ha expresado Martínez.
Por su parte, el máximo responsable de esta entidad ha expuesto ante los diputados que la asociación tiene su origen “en poder denunciar conjuntamente” lo que el considera como “un pasotismo total” de la Fiscalía y Hacienda al “archivas las denuncias y no vigilar el blanqueo de dinero”. “Hay dejadez judicial y política. Se firman escrituras con lo que ellos quieren y, después, la Justicia es lenta para nuestros derechos pero rápida en las ejecuciones hipotecarias. La contradicción más absoluta”, ha manifestado.
Por parte del PP, Ramón Celma se ha mostrado “desconcertado en este tema desde el día que comenzó a leer sobre la materia”. En su opinión, “se trata de una trama ilegal”, aunque ha añadido que en relación a las entidades bancarias y los notarios “no se puede generalizar”. El diputado popular ha trasladado a los comparecientes “todo el apoyo y si es necesario continuar hablando para ver cómo ayudar”.
La portavoz socialista en esta Comisión, Mª Victoria Broto, ha lamentado que “desalmados protagonistas de una trama financiera ilegal hayan generado este drama”. “Se engaña a los más vulnerables y los órganos judiciales no se responsabilizan de esta situación”, ha manifestado esta diputada. Para la parlamentaria del PSOE, “tenemos que ser conscientes de la importancia de los mecanismos de protección”.
Desde el PAR, Manuel Blasco ha manifestado que “estamos hablando de una trama financiera ilegal”. “Es una actuación que trasciende el ámbito político por ser un incumplimiento flagrante de las leyes”, ha comentado, calificando este tema como “burla de la Ley realmente sorprendente”. En este mismo sentido, se ha mostrado “un poco perplejo en la actuación de notarios y de la Fiscalía”.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha agradecido a los comparecientes “la posibilidad de conocer las cloacas del sistema pseudo-financiero”. “Acabamos de ver lo peor de una sociedad injusta que se ceba con los más vulnerables con cómplices en bancos y cajas, notarías y fiscalía”, ha manifestado este diputado. Para él, se trata de “una estafa legal que surge de la propia Ley”, a la que ha calificado como “papel mojado y falta de voluntad política”.
Para Luis Ángel Romero (IU), “cuando te acercas a un tema así ves que la usura sigue campando en nuestro país”. “Y, mientras, los poderes públicos están más preocupados por echar una mano a los que la llevan a cabo”, ha añadido este diputado. El portavoz de IU en materia financiera ha reclamado que “haya mayores controles, las leyes aprobadas se cumplan y se actúe de oficio por parte del Ministerio Fiscal”.