EL PRÉSTAMO DE LA DISCORDIA
Familias acusan a intermediarios financieros de estafarles con un crédito
JOAQUÍN GIL. Valencia.
La secuencia se repite. Una familia atenazada por las deudas recibe una llamada. Una voz amable comunica la concesión del crédito que buscaba a contrarreloj, el mismo que rechazaron antes bancos y financieras. Dispondrá en una semana del dinero para tapar el agujero. El maquinista de obra Javier Raga, de 47 años, recibió el pasado año el supuesto balón de oxígeno. Le ofrecieron un crédito para atenuar la compra de una retroexcavadora. Recibiría 30.000 euros en una operación avalada con su piso en Manises valorado en 160.000. Pagaría 320 euros al mes durante diez años. Su alegría se ha transformado en una pesadilla. Solo ha recibido 9.500 euros y debe más de 45.000. Puede perder su vivienda. “Me han estafado”, señala Raga, que recurre a Cáritas y al colchón familiar para mantener el colegio de su hijo con una enfermedad rara.
Raga atribuye su “drama” a una presunta estafa cometida por el prestamista de Madrid Antonio Arroyo, cuyo modus operandi se reproduce en los ocho casos que defiende el abogado Carlos Javier Galán. Arroyo, según el letrado, ofrecía dinero rápido y al contado a través de intermediarios que operaban en Internet. Se dirigía a clientes que no podían acudir a un banco por carecer de ingresos o figurar en un registro de morosos como Asnef. Exigía avalar el crédito con las escrituras de un piso, nave u oficina sin cargas o con una pequeña hipoteca pendiente.
Hasta ahí todo normal (y legal). Sin embargo, el abogado asegura que los intermediarios del prestamista conseguían que sus clientes firmasen ante notario un crédito hipotecario por el doble de la cantidad recibida en mano. Se aludía a una cuestión técnica para no reflejar la cifra real, una refinanciación posterior y prometían el resto semanas más tarde. Los afectados mantienen que el segundo pago nunca llegaba y acababan inmersos en una pelota financiera por un dinero no recibido.
“El engaño parece burdo a primera vista pero la operativa estaba muy elaborada”, apunta Galán, que pone como ejemplo de las supuestas tretas trazadas por los intermediarios hacer esperar a los clientes hasta dos horas en la notaria de Madrid, siempre la misma. El abogado estima que hay cientos de afectados en España y confirma que existen diligencias previas en juzgados de instrucción de Madrid.
Juan Puche, de 49, sufre “una pesadilla” por el crédito de 45.000 euros que firmó hace dos años. Ha dormido en una furgoneta y ahora reside en una habitación en San Antonio de Benagéber con su mujer y su hijo. Solo recibió 22.000 euros del crédito y debe 60.000. Admite que reconoció ante el notario la recepción de una cantidad inferior a la entregada, siguiendo las instrucciones de su intermediaria. Sostiene que el notario no confirmó la entrega ni contó el dinero. Y que él no fue informado por escrito antes de pisar la notaría de las condiciones del crédito: un tipo del 8% para la amortización y un interés de demora del 29%. Admite que no puede pagar.
Los afectados planean denunciar para evitar perder sus pisos. Se sienten víctimas de un sistema para apropiarse de sus propiedades a precios ridículos. Un inversor de prestamistas privados admite bajo anonimato que el negocio resultó redondo durante la burbuja. “Por 10.000 euros te podías quedar un piso”.
El prestamista Antonio Arroyo insiste en la legalidad de su actuación. Se desmarca del comportamiento de los “más de 50 intermediarios” con los que ha llegado a trabajar. Dice que “ignora” si el cliente llega a un acuerdo con un intermediario y sale de la notaría con menos dinero. Y atribuye el supuesto desfase de las cantidades a las comisiones de los captadores de clientes. Sostiene que “muy pocas” operaciones acaban en la ejecución del bien. Él tiene cerca de 150 derechos de hipoteca en los registros de España.
Arroyo no es uno más. Antes de la crisis, llegó a ser uno de los prestamistas privados más importantes de España, con 70 operaciones al mes. Este antiguo trabajador de un organismo vinculado al Banco de España admite que las denuncias de sus clientes se han disparado tras la crisis: “Hay quien se ha metido en un callejón sin salida”.
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