Coslada.- A la sombra de las grandes máquinas y “ahogados” por los movimientos de tierra del moderno Centro Integral de Transportes Internacionales de Coslada (CITI), cuatro familias aguardan, entre impotentes y resignadas, la llegada del próximo 5 de marzo, fecha tope establecida por la Comunidad de Madrid para que abandonen sus viviendas. De lo contrario, se procederá a su “desalojo forzoso”, según el escrito remitido a los propietarios por la Dirección General del Suelo de la CAM.
José Gallego Martín, de 57 años y albañil de profesión, compró hace ocho años su casa con unos pequeños ahorros y la escrituró ante notario. La acondicionó personalmente y la cedió a su hija para que viviera. “He pagado más de lo que me van a dar”, dice indignado.
Para el abogado de las familias afectadas resulta paradójico que “Hacienda, a efectos del impuesto de transmisiones valora la casa de José Gallego en 3.340.800, del año 1988, y a la hora de la expropiación la valoran en 1.800.000 pesetas, de 1997”.
El justiprecio ofrecido por la Comunidad ha sido rechazado por los propietarios, desde el comienzo del proceso en 1990, “por mísero”. Los afectados, a través de su actual representante legal, han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo “por la demora existente en la tramitación del expediente y no haberse notificado al Jurado de Expropiación Forzosa, como exige la ley”, al tiempo que “se ha pedido al propio presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, una solución dialogada que evite un desalojo traumático”, señaló a LA TRIBUNA Carlos Javier Galán.
Problema humano
Los afectados solicitan una “reunión con algún representante político que tenga capacidad de decisión quien, al margen de la tramitación legal del expediente, pueda conocer el problema humano que hay detrás y buscar soluciones más o menos razonables”.
“Por si fuera poco, en el CITI (complejo dedicado al almacenamiento y distribución de mercancías procedentes de toda Europa) se prevén inversiones de miles de millones de pesetas, y contará con áreas de servicios cuya gestión será, lógicamente, lucrativa. Es decir, que se van a generar plusvalías millonarias, mientras se deja sin casa a unas familias pagándoles cifras vergonzosas, que oscilan entre las 800.000 y 1.800.000 pesetas”, afirmó el abogado de tres de las cuatro familias que han recibido la orden de desalojo.
“Desalojo forzoso”
La postura de la Comunidad Autónoma de Madrid parece clara y tajante. El pasado 3 de febrero las cuatro familias recibían una notificación firmada por el director general del Suelo, José María Erenas Godín, en la que se les instaba a abandonar sus propiedades antes del próximo 5 de marzo, “de conformidad con lo establecido en el artículo 52, párrafo 6, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por tener que ocupar este organismo -la CAM- los terrenos donde se encuentran enclavadas éstas, para poder cumplir con los fines de urbanización del polígono”.
En el caso de que los titulares se nieguen a abandonar sus casas, la Comunidad de Madrid, “solicitará las oportunas autorizaciones para proceder al desalojo forzoso, de conformidad con los artículos 95 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, finhaliza la nota de la Dirección General del Suelo.
Pero si la Comunidad se muestra firme, los propietarios no se quedan a la zaga. “Tendrán que desalojarnos por la fuerza. Yo estoy separado de mi mujer y no tengo otro sitio donde vivir”, aseguró uno de los propietarios.
Los afectados lamentan a su vez la postura que ha adoptado el Ayuntamiento de la localidad -de IU- en todo este proceso. “El Ayuntamiento de Coslada, en todo momento, se ha lavado las manos en este asunto y ha remitido el tema a la CAM”, añadió Carlos Javier Galán.
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